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Respuesta a artículo publicado en la Tribuna del diario de León

Es intención de esta nota de prensa ilustrar a los lectores en una serie de aseveraciones que un Agente Medioambiental ha volcado en este, a nuestro juicio, desafortunado artículo.

A priori, no parece el lugar más adecuado para debatir estos asuntos, pero es el camino que elige este compañero, y en este medio, pues, introducimos nuestra réplica. Se ha debatido -al contrario de lo que afirma- en mil foros distintos, y después de tres Congresos Nacionales avalados por AEAFMA, Asociación Española de Agentes Medioambientales, se ha publicitado en redes, correos electrónicos, etc., sobradamente; el que no se haya enterado, o no sabe, o no quiere leer. O, peor aún, tiene cierto interés en tergiversar la verdad.
Tanto APAFLE (Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de León), formada por 60 Agentes de toda la provincia, una cifra nada desdeñable, dado que supone casi la mitad de los 133 Agentes de la provincia, como desde la asociación Regional, APAMCYL, con casi 300 asociados en la región avalan lo que además se ha consensuado con las centrales sindicales. Se hace constar, así mismo, que las propuestas presentadas en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del pasado 30 de noviembre por el Partido Socialista y votadas a favor por Podemos, IU-Equo, y por UPL y Ciudadanos (Proposición no de Ley instando a la Junta de Castilla y León a impulsar la creación de un Cuerpo de Agentes Medioambientales), está plenamente respaldada por varias centrales sindicales mayoritarias: CSIF y UGT la respaldan sin ambajes; CCOO hace lo propio, si bien, todo hay que decirlo, con ciertas reservas. Consta, además, que CSIF, sindicato al que el que suscribe está actualmente afiliado, mantiene la misma línea de acción desde hace tiempo, y lo ha publicitado sobradamente.
A la vista de las últimas elecciones sindicales, celebradas el pasado 4 de marzo del presente año, no parece que esta línea de acción conjunta tenga demasiada oposición, y a las fuentes nos remitimos:

(Fuente oficial )

Conste que Gerardo Rodríguez Pérez ha sido representante sindical de CGT, en solitario con un 10% de los votos en las últimas elecciones (10,19%, seamos exactos). La suma de los porcentajes de los sindicatos vinculados a la propuesta de Ley de Cuerpo se la dejamos al lector. En fin, el motivo de esta nota de prensa no es una guerra de cifras, si no contestar a nuestro compañero.

Cuando asevera que “Lo que se solicitaba en esa propuesta quedaba meridianamente claro, y no era otra cosa que convertir la actual Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos en un Cuerpo de Agentes Medioambientales de naturaleza policial” no puede estar más equivocado. Nadie reniega de las funciones técnicas, simplemente se dan por hechas, ya que no sufren ingerencias, al contrario que las funciones policiales. Esa dualidad es la que fortalece al colectivo profesionalmente, no hay otra intención que profundizar en ella. El que diga lo contrario miente.

En todo caso, conviene recordar que el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la estructura básica de la organización de sus puestos de trabajo, en su Capítulo II, FUNCIONES, en su artículo 5, a), regula como primera función “la conservación y mejora del Medio Natural mediante el ejercicio de custodia, policía y defensa de la riqueza forestal, de la fauna y la flora silvestre, así como aquellas otras que tendentes al mismo fin les asigne el ordenamiento jurídico.” Por si algún lector pudiera confundir el discurso. El debatido artículo 6 q) de la reforma de la Ley de montes estatal está, igualmente, sobradamente manido: «q) Agente forestal: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.»

Lamentamos tener que recordar de forma casi pedante estos extremos a muchos políticos, dirigentes y más a un compañero.

“Posiblemente sea la propuesta más regresiva en materia laboral y social que en los últimos cincuenta años” es la opinión personal de este compañero. Parece que la mayoría del colectivo opina lo contrario (a los resultados de las elecciones sindicales nos remitimos; en concreto, CSIF, con un alto porcentaje de voto, lo llevaba en propuesta prioritaria). Convendrán con nosotros en que no hay otra manera de perseguir un delito medioambiental que con un buen trabajo policial (por supuesto, arropado por los buenos conocimientos técnicos que atesora el colectivo). Lo que sí ha sido un atraso, sin paliativos, ha sido la retirada de armas ejecutada por la Junta de Castilla y León a sus Agentes: no hay colectivo funcionarial que interpele a más gente armada que los Agentes Medioambientales, y, lo que es aún más sangrante, muchas veces, en solitario.

“Es probable que se hayan equivocado al plantear su propuesta o que estuviesen mal asesorados, porque el encaje de los agentes medioambientales como cuerpo policial —de facto prácticamente—, en sentido estricto o general, como ustedes solicitaban, puede no ser legal.” ¿Hace falta recalcar que tenemos un fuerte componente policial? Hay que recordar al lector que los Agentes Medioambientales son los herederos del antiguo Cuerpo de Guardería Forestal del Estado que se transfirió a las Comunidades autónomas después de la Constitución como Cuerpos Armados. Lo que ocurre que otros con intereses corporativos realizan una interpretación normativa interesada a su favor con el apoyo de quien mantiene el poder en las instituciones de la región.

En cuanto a la propuesta de escalas básica, ejecutiva y técnica, entendemos que no puede ser otra manera. La actual organización está obsoleta, en la medida en que los puestos superiores de carácter funcional en la mayoría de los casos no tienen condición de agentes de la autoridad, por lo que desconocen por completo los problemas a los que a menudo se enfrenta el colectivo. Los riesgos psico-sociales que asumen estos funcionarios no son pocos, y unos rotativos V1, posibilidad de portar arma, trabajo inexcusable en parejas, uniformes con distintivos claros y definidos, así como una formación adecuada que redunde en una buena actitud profesional, pero contundente, son indispensables para evitar muchas de las agresiones que, hay que recordar, sufren a menudo; desde insultos, pintadas en sus domicilios, hasta agresiones físicas, afortunadamente mucho menos habituales.

“ Piden ustedes que en sus vehículos se instalen señales luminosas de vehículo prioritario V1 de color azul, que en España únicamente son permitidas y utilizadas por las policías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Simplemente falso: agentes forestales madrileños, agents rurals catalanes, murcianos y recientemente anunciado por Castilla la Mancha los usan. Por no citar muchos vehículos de entidades locales, que ya los vienen usando de un tiempo a esta parte, recientemente el parque de bomberos del Ayuntamiento de León, por ejemplo.

“Se pedía modificar el reglamento de armas para que estos agentes puedan obtener la licencia de armas clase A —la que sólo está permitida a esas mismas fuerzas— para que puedan portar arma reglamentaria en acto de servicio”. Hasta ahora estamos en el saco roto de las licencias de tipo C, todo un despropósito. No entendemos esta crítica puesto que el propio compañero autor del artículo ha portado arma de servicio.

“Se pide también en uno de los párrafos de la proposición que se les dé la suficiente seguridad jurídica como para ejercer funciones de… persecución y represión. Pues bien, la represión de las infracciones o actos delictivos compete a las Administraciones Públicas en su facultad sancionadora. Los agentes tienen una función preventiva y deben intervenir ante la comisión de un delito o infracción con obligación de denunciar los hechos y actos que pudieran constituir infracción o delito, que no es poca cosa.” En ningún punto se ha hablado en la propuesta de “persecución y represión” (acaso persecución del delito). Las funciones “preventivas” de los Agentes Medioambientales están más que expuestas en los primeros párrafos, y en cuanto a que “ la represión de las infracciones o actos delictivos compete a las Administraciones Públicas en su facultad sancionadora” recordemos que somos parte de la Administración.

“Otra petición llamativa es la de dotarles de las retribuciones necesarias para aumentar su eficacia. En este punto estoy totalmente de acuerdo”. Es muy curioso y de muy mala imagen del funcionariado, y una falta de respeto al ciudadano, que los empleados públicos para cobrar siempre nos pongamos de acuerdo.

“Han confundido el trabajo que desarrollan los agentes de la autoridad de la Consejería de Medio Ambiente, con el de los Cuerpos Armados que hay en España”. De nuevo se confunde Usted. Nuestras competencias, reiteramos, están ya desarrolladas reglamentariamente, en igualdad de condiciones que las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en cuanto a competencias medioambientales se refiere.

“Puede que a ustedes les hayan presentado esta Proposición no de Ley como una propuesta que responde a un clamor del colectivo de agentes medioambientales. Si es así, nada más lejos de la realidad, pues los trabajadores no han tenido conocimiento de esta proposición, no se ha debatido ni consensuado con ellos, no ha pasado por los centros de trabajo, muchos nos hemos enterado por los medios de comunicación.” Se ha dado publicidad de sobra, y la estrategia, en concreto de CSIF, y asociaciones varias (AEAFMA a nivel nacional, APAMCyL a nivel regional, y APAFLE a nivel provincial) es de dominio público, tanto en redes sociales, como en informas internos a sus socios. Desde APAFLE, se han enviado docenas de correos explicando nuestra posición. Nos ha costado alguna baja en la asociación provincial, por qué negarlo, pero a la postre muchas más adhesiones.

“Ésta es una proposición elaborada a espaldas de los trabajadores, que asume el ideario de la junta directiva de una asociación profesional de agentes medioambientales rancia hasta el infinito”. Respetamos esa opinión, no obstante son las pretensiones que están proporcionando mejor imagen, seguridad, valoración ciudadana y modernización en la historia del colectivo en otras comunidades autónomas. Reiteramos que se ha informado sobradamente. Una junta directiva de una asociación que en la actualidad engloba a más de 300 Agentes Medioambientales de la Comunidad de un total de poco más de 800, y que sigue sumando socios, lo que supone llegar casi al 40 % de la totalidad, y que ha sido elegida en proceso abierto en reiteradas asambleas anuales.

Después de tres congresos nacionales de Agentes Forestales y Medioambientales, pretender que no se ha debatido raya la falacia.

En fin, todo un despropósito de declaraciones, que no hemos podido menos que rebatir, a petición de varios socios.
Lo que nos parece lamentable es que tengamos que hacerlo aquí, cuando, al contrario de lo que expone Ud., foros de debate se han propuesto sobradamente. En todo caso, le animamos a que se asocie en APAFLE, y, por ende, en la medida en que estamos federados, en APAMCyL, y AEAFMA en pro de la profesión. Todas las opiniones son bienvenidas.

Junta Directivas de:
APAFLE
APAMCYL

Alfonso García Hompanera
(Secretario APAFLE, Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales León).
Pd: Esta nota de prensa ha sido consensuada en junta directiva de APAFLE y de APAMCyL.