También estamos en Instagram

Subasta de las armas reglamentarias de Agentes Medioambientales en el Servicio Territorial de León.

Mediante el presente escrito, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) reflexiona acerca de las siguientes consideraciones, relativas a las acciones llevadas a cabo por la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, respecto a las armas de servicio asignadas a los Agentes Medioambientales.

Con fecha de 3 de octubre de 2016 fueron subastadas en la Comandancia de la Guardia Civil de León un conjunto de armas, como se establece reglamentariamente cuando dichas armas permanecen hasta dos años en depósito en la Intervención de armas de dicha Comandancia.

Se entiende que, de las 68 pistolas a subastar, una buena parte de ellas, del modelo Star BKM 9mm, son las que estuvieron asignadas a los Agentes Medioambientales de esa provincia, y, por tanto, su guía de pertenencia corresponde a la Junta de Castilla y León, representada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que, en su día, fueron requeridas para su entrega en la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil, a todos los Agentes Medioambientales que las tenían asignadas, bajo el argumento de la precarias medidas de seguridad en su custodia por parte de su propietario, en este caso, la Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, representada en el propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Los Agentes Medioambientales son el personal autonómico heredero del histórico Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, al que mediante el Real Decreto de 15 de febrero de 1907, se encomendó por primera vez en este país, la custodia de los montes a un cuerpo especializado. Dicho Cuerpo nació como Cuerpo armado y uniformado y así fue transferido a las Comunidades Autónomas.

El DECRETO 136/2002, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la estructura básica de la organización de sus puestos de trabajo establece en su Art. 11 Armas:

1.– El personal de la escala podrá ser dotado del armamento reglamentario que se le asigne al objeto de que únicamente en funciones de control de la fauna, así como de policía de caza, vigilancia nocturna, y en servicios en los que por su conflictividad o dificultad se presuma riesgo, previa autorización del Jefe del Servicio Territorial, pueda portar armas en garantía de su legítima defensa, ateniéndose en lo relacionado con la licencia, uso y custodia del arma a lo dispuesto por la normativa legalmente establecida, que será objeto de un desarrollo normativo posterior.
2.– Por parte de la Consejería de Medio Ambiente se adoptarán las medidas y mecanismos oportunos, a través de los Servicios Territoriales, para la guardia y custodia de las armas en depósito. Asimismo se facilitará la formación necesaria para el manejo y uso de las mismas.

Los Agentes Medioambientales mantienen la consideración de Policía Judicial Genérica (Ley de Enjuiciamiento Criminal. Art. 282 y 283); dicha condición viene reforzada por la propia Ley 43/2003 de Montes (y en su debatida reforma de 2015), en cuya Exposición de Motivos se refleja lo siguiente:

“…Asimismo, se reconoce la condición de agente de la autoridad de los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal (agentes forestales), cualquiera que sea su denominación corporativa específica, como se indica en el artículo 6,q) de este texto; y que estos funcionarios constituyen Policía Judicial en sentido genérico, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 6.º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...”

Desde determinados técnicos de algún departamento favorecen, incluso fomentan, que en determinados servicios de gestión cinegética, y en ocasiones hasta no cinegética, se utilicen armas largas rayadas por otro tipo de personal (personal laboral, no funcionario, o incluso contratado y/o externo de alguna empresa) donde son pagadas con dinero público determinadas armas, y asignadas por dichos técnicos a este personal, por ejemplo, para ejercer actividades de control de fauna, en ocasiones, cuando menos, de discutible legalidad; tras finalizar estos controles, dichas armas, propiedad de la Junta de Castilla y León, son a menudo custodiadas en domicilios particulares. Hay constancia de que se ha producido el robo de alguna de ellas, y no pocas se utilizan también para fines privados, sin que se preocupe el departamento correspondiente de la administración de acometer y atajar este problema mediante unas instalaciones oficiales adecuadas para dicha custodia. Quede claro que dichas armas de gestión cinegética, son empleadas como herramientas de gestión de fauna y son armas reguladas reglamentariamente en otra categoría, por lo que su custodia legal es diferente, pero queremos dejar constancia a título informativo, ya que nos resulta llamativa la diferente preocupación institucional por un problema de riesgo que tiene idéntico origen.

En el caso de las armas cortas asignadas o propiedad de Organismos Públicos, al igual que las Policía Locales, el actual reglamento de armas tampoco establece ningún criterio concreto y articulado en la custodia, más allá de la diligencia debida del propio organismo, o, en todo caso, aquello que supervise y autorice cada intervención de armas. Nos consta que dicha supervisión no se hace en todos los Ayuntamientos, por poner un ejemplo. Si existe una intención corporativa detrás de estas actuaciones, nos parece lamentable que la Junta de Castilla y León se preste a semejante despropósito.

En el caso que nos ocupa, referido al anteriormente citado Art 11 del Decreto 136/2002, se ha de recordar que ningún otro cuerpo en España interpela a más personas armadas que los Agentes Medioambientales en la actividad de vigilancia cinegética, realizando decomisos de armas, como así establece la vigente normativa de Caza de Castilla y León. Así mismo, se realizan servicios de especial peligrosidad: controles anti-furtivismo; incremento en los robos de piñas en la zona centro; o la actividad de recolección de setas regulada y cuyo valor económico en auge, hace que determinadas personas de otras nacionalidades se ocupen en esta actividad de forma ilegal, precisamente en grupos no poco numerosos, con los consiguientes problemas de orden público sobradamente conocidos.

Desazona que desde los Servicios Territoriales se nos inste continuamente a la solicitud de auxilio en caso de riesgo para los Agentes Medioambientales, solicitando la intervención de los Cuerpos de Seguridad como alternativa, siendo éste también el criterio de la Dirección General de Medio Natural. No tiene ningún sentido, y lo saben: la capacidad de respuesta operativa para atender la presencia en un tiempo razonable que aporte seguridad a este tipo de intervenciones es inexistente. Ni que decir tiene, que una de las razones, además de la falta de personal de esos cuerpos en el medio rural, es la falta de vehículos adecuados y el escaso conocimiento que dichos cuerpos poseen de la geografía rústica, agrícola y forestal en la que prestan servicio los Agentes Medioambientales.

Llama poderosamente la atención que desde la Consejería no se haya hecho un seguimiento homogéneo en todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León de las instalaciones de custodia de armamento, desde el año 2013 cuando se retiraron las últimas armas cortas de servicio: algunas provincias sí que han estado trabajando sobre este asunto. Por poner un ejemplo, el Servicio Territorial de Burgos organizó un curso de formación con instructor titulado para todos los Agentes con asignación de arma corta, habiéndose realizado durante muchos años las prácticas de tiro anuales exigidas reglamentariamente. En esta provincia, se ha invitado a los Agentes Medioambientales a participar en algunas competiciones que organiza el Cuerpo Nacional de Policía. Dicho servicio, también ha realizado una inversión para adecuar una sala mediante acceso con puerta de seguridad, alarma y sistema de video-vigilancia para adaptarse a todas las necesidades de custodia de armas cortas de servicio de Agentes Medioambientales que han sido recomendadas por la intervención de la Guardia Civil en esta provincia. A fecha de hoy, cumplen perfectamente con todas las medidas de seguridad que se han pedido. En otras como León se dotaron de armeros reglamentarios diversas oficinas comarcales.

No podemos pasar por alto, por fin, que el riesgo psico-social al que los Agentes Medioambientales se someten diariamente en todos los servicios de vigilancia, custodia y policía, es ciertamente elevado, y que la disponibilidad de un arma reglamentaria en servicios de especial peligrosidad es una de las principales medidas disuasorias frente a posibles insultos, amenazas, e, incluso, agresiones, que viene sufriendo habitualmente el colectivo de Agentes Medioambientales.

Así mismo, tampoco se ha llevado a cabo ninguna medida paliativa de prevención de este tipo de riesgos. A pesar de estar reconocidos en las evaluaciones de Riesgos Laborales y recogido en los informes internos del Servicio de Prevención propio de la Junta de Castilla y León, no se ha tenido conocimiento de ninguna medida preventiva, no existe un plan de formación, ni en uso de armas, ni en técnicas de defensa verbal, ni en en el uso de la fuerza, dotación de elementos de defensa, guantes anti-corte, etc. Lamentaríamos mucho una condecoración a algún compañero a título póstumo.

Finalmente, es sabido que algunos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente no aceptan que una gran parte del trabajo diario que desarrollan los Agentes Medioambientales es un servicio de Policía Medioambiental; y que tampoco apoyan ni fomentan que se preste dicho servicio, más allá de pedir que se cumplimenten unas encuestas a cazadores, pescadores o recolectores de productos. A todos ellos los invitamos a pasar un día de servicio con una patrulla de Agentes Medioambientales, para que conozcan nuestra problemática de cerca, y no por la versión interesada que continuamente reciben de colectivos que jerárquicamente están en un nivel superior al de los agentes, sin tener las atribuciones jurídicas que tienen sus subordinados: Un cuerpo de Agentes de la Autoridad que es dirigido por colectivos de un Cuerpo Técnico que no lo son. Este detalle puede aportar información para entender muchas cosas.

Seguimos esperando una respuesta adecuada a la problemática que aquí hemos expuesto.

Si te interesa el tema y quieres seguir leyendo, te proponemos:
1-. Artículo en el Diario de León.
2-. AEAFMA también se hizo eco de la subasta.