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#YoSoyAgentRural

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Hoy hace una semana de la trágica noticia. Enseguida pusimos la web en modo de mantenimiento, con un sólo mensaje:

Han pasado siete días desde que nuestros corazones fueran zarandeados con este abominable episodio. Siete días en los que hemos contenido la rabia, el estupor, el dolor, por respeto a los compañeros asesinados, y a sus familias.

Algunos estuvimos el lunes en Lleida, acompañándolos en su último servicio.

Como redactor de este artículo, puedo decir que jamás he sentido una congoja similar; pero a la vez, nunca me vi tan arropado. Gracias.

Habiendo pasado siete días del execrable asesinato, consideramos conveniente hacer públicas las siguientes reflexiones.

Ni Xavier Rives ni David Iglesias, cuando salieron de su casa para incorporarse al servicio y se despidieron de sus familias, pensaron que no iban a volver. El hecho es que no lo hicieron. Cuando abordaron a su asesino para comprobar su documentación, simplemente estaban cumpliendo con su obligación de velar por el cumplimiento de la legislación en el ámbito medioambiental, en este caso, enmarcado en la actividad cinegética.

Estaban acostumbrados, como muchos de nosotros, a relacionarse con cazadores, y no consideraron una situación de riesgo el dirigirse al que, a la postre, sería su homicida. Sin chalecos antibalas, sin armas, y, lo que es más grave, sin formación específica adecuada ni protocolos para enfrentarse a situaciones de potencial riesgo para su integridad, como sin duda era la del pasado sábado; se limitaron a hacer su habitual trabajo de policía medioambiental. No existe cuerpo en todo el territorio nacional que interpele a más personas armadas que los Agentes Medioambientales.

Conmocionados aún por el terrible suceso, más allá de hacer llegar nuestras sentidas condolencias, como ya hemos hecho, a los familiares de los fallecidos, y nuestro apoyo y solidaridad a todo el colectivo de Agents Rurals, no podemos evitar expresar lo que consideramos, es un grito a la justicia de Xavier y David, y, por extensión, de todos nosotros.

Nadie, a estas alturas, cuestiona que la esencia de nuestro trabajo, desde la creación de nuestro colectivo, es el de policía medioambiental. Esto es, hacer cumplir las leyes de protección de la naturaleza y las que regulan sus aprovechamientos (forestales, cinegéticos, etc.). Sin embargo, el análisis sobre quiénes, cuándo, cómo y de qué forma debe realizarse esta tarea ya no suscita tantos acuerdos.

Poca diferencia hay entre el hecho de que una patrulla de la Guardia Civil pida la documentación a un cazador y que lo haga un Agente Forestal, Medioambiental, del Medio Natural o Agent Rural (por cierto que una sola denominación a nivel estatal sería un gran avance). Todos son Agentes de la Autoridad y están legitimados para hacerlo. La diferencia estriba en la preparación y en el equipamiento de ambos. Así, mientras los CCFFSS del Estado tienen una formación específica policial en el manejo de situaciones de riesgo, defensa personal, o manejo de armas, que les permite afrontar con ciertas garantías una posible agresión como la que sufrieron los desafortunados compañeros, los Agentes Medioambientales no disponemos de esos recursos, y más aún, ni siquiera trabajamos en parejas de forma habitual.

Ni nuestras administraciones respaldan con determinación la Autoridad que representamos, ni nuestras actuaciones son apoyadas ni puestas en valor por los órganos competentes, por lo que la imagen que percibe la ciudadanía es poco menos que somos unos funcionarios dedicados a nadie sabe muy bien qué. Desde fuera, la cúpula de la Guardia Civil trata de apartarnos de nuestro cometido con artimañas en muchos casos más que discutibles; el Ministerio de Medio Ambiente, con su pasividad al respecto, socava nuestra autoridad. Desde dentro, una parte de nuestro colectivo renuncia a ejercer sus funciones y se acomoda en un sistema que premia a quienes se desentienden de sus obligaciones y no generan problemas. Existe, fomentada por nuestra propia Administración, una ineficacia tutelada que, bajo un sistema de prebendas y privilegios al más puro estilo medieval, premia a quien sirve del modo adecuado al que gobierna, vilipendiando al que hace cumplir la ley: es como un inmenso rodillo que gira inexorablemente, envolviendo a todo funcionario público sin remisión. Esta situación termina por corromper la mayor de las voluntades, dándose, inevitablemente, muchos casos de grandes profesionales que en su día lo fueron, pero que ahora, envueltos en ese laberinto de tela de araña, abandonan por completo sus obligaciones laborales y, lo que es más triste, su lucha por el cumplimiento de la ley.

Los terribles hechos del pasado sábado deberían marcar un antes y un después en el devenir de nuestro colectivo y de la profesión a nivel estatal. El debate, que vanamente muchos pretenden eludir, ciñéndolo estrictamente a si es conveniente o no portar arma reglamentaria, va mucho más allá: ¿De qué modo podemos desarrollar nuestras funciones de forma segura y eficaz al servicio de la protección y conservación del Medio Ambiente y, en definitiva, de la seguridad de la ciudadanía?

Desde APAMCyL requerimos una serie de medidas que, convenientemente implementadas, debieran garantizar, en gran medida, la seguridad de los Agentes Medioambientales (y el de sus homónimos en otras Comunidades autónomas), al menos hasta límites asumibles por todas las sensibilidades profesionales para el correcto desempeño de nuestras funciones. Para empezar, se ha de pensar que no sólo la caza es una actividad de riesgo, aunque potencialmente puede estar entre las que más lo tenga: control micológico, en el que los aficionados (o peor aún, las bandas organizadas que explotan trabajadores para su recolección) van dotados, cuando menos, de una navaja; actividades agrícolas o ganaderas, habituales en nuestros servicios, en los que nos encontramos con usuarios que llevan azadas, hoces, etc; revisiones de otros aprovechamientos forestales (motosierras, hachas, en fin, otras muchas herramientas susceptibles de usarse para lo que no han sido diseñadas). Y los Agentes Medioambientales, ahí estamos, armados de papel y boli. Indudablemente, no hay proporcionalidad. Entendemos que estas medidas mínimas pueden enumerarse como siguen:

  1. Un Marco legal de carácter estatal básico (ley básica estatal) que vaya más allá de lo dispuesto en la Ley de Montes. Se trata, por otro lado, de uno de los pilares que fueron amenazados con la reciente modificación de dicha Ley y que, con unión, tesón y fortaleza común pudimos defender y dejar pendiendo de un hilo nuestras atribuciones legales. Otro ejemplo más de ciertos intereses opacos que desde algunos nichos de poder pretenden anular nuestras capacidades legales. Adecuación del reglamento de armas, y del Reglamento General de Circulación de Vehículos con las luces prioritarias V1 (azules), que como policías nos deben corresponder para actuar con seguridad en las intervenciones (sirva de ejemplo la denuncia de la Guardia Civil a un Agente de Salamanca por conducción temeraria acudiendo a un incendio forestal sin señalización el pasado verano). Todo un esperpento y un despropósito.
    Todas estas legislaciones han de ser modificadas para dar cobertura legal a las actuaciones profesionales de estos funcionarios en todo el Estado. Otra de las opciones que se barajan y que podría solventar de forma simultánea todos estos problemas, sería la modificasción una sola norma: La Protección Medioambiental ha de considerarse un valor dentro de la seguridad ciudadana; por ello, no parece nada descabellado estudiar la viabilidad de la adecuación de estos colectivos de policía medioambiental a la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Además, esta medida sería muy positiva para no tener que elaborar un desarrollo legislativo autonómico que consumiría infinidad de recursos.
    Unas garantías jurídicas claras y contundentes son el primer pilar de nuestra seguridad laboral: registro y análisis de situaciones de riesgo; tolerancia cero ante casos de violencia; asistencia letrada en casos de amenazas, agresiones o atentados (en la actualidad sólo se nos presta, cuando no se ponen trabas desde algún servicio provincial, asistencia jurídica en caso de ser los Agentes Medioambientales los propios denunciados).
  2. Formación orientada a la adecuada realización de las inspecciones con unas mínimas garantías de seguridad, donde se desarrollen, en primer lugar, aquellos aspectos que vayan dirigidos a la prevención del riesgo. El esfuerzo formativo ha de centrarse en varios aspectos: defensa mediante táctica verbal, actitud y adecuadas pautas de lenguaje corporal, entre otros.
  3. Organización del trabajo de inspección, desterrando la anacrónica realización de servicios unipersonales, adaptándolo al riesgo potencial de cada situación, así como desarrollando e implementando los necesarios e inexistentes, a día de hoy, protocolos de actuación.
  4. Dotación de medios encaminados a la seguridad y disminución del riesgo de los Agentes (clara y única identidad como Agentes Medioambientales en la uniformidad y los vehículos en todo el territorio nacional, con sus correspondientes prioritarios V1 azules; sistemas de comunicación del siglo XXI (en Castilla y León aún soportamos el arcaico sistema analógico de emisora simple) y nuevas tecnologías de geolocalización; seguridad pasiva como chalecos, guantes anticorte o cámaras personales; seguridad activa como spray de pimienta, arma reglamentaria con licencia de tipo A(tipo C hasta que nos fueron retiradas, en el cajón desastre de los vigilantes de seguridad privados... ¿Aún hay quien no cree que el término “ineficacia tutelada” es demagogia?).
    El arma reglamentaria siempre entendida, por supuesto, como elemento disuasorio, que lo es, y mucho.
  5. Por último, sin menoscabo de otras posibles, se requiere un apoyo institucional contundente, del que lamentablemente carecemos en la actualidad. A la vista, las lamentables declaraciones de nuestro Director General del Medio Natural, precisamente referidas al nefasto episodio que nos ocupa.

Quienes cada día ponen dificultades para mejorar la organización, el equipamiento y la preparación de los Agentes Medioambientales (y cualquier otro cuerpo en sus diversas denominaciones dentro de su correspondiente Comunidad Autónoma), deben pensar en Xavier y en David, quienes pudieron pasar de largo, mirar para otro lado; hacer, en definitiva, dejación de sus funciones. Ellos no lo hicieron: fueron capaces de evadirse de esa nefasta tutela. Eligieron cumplir con su obligación e inspeccionar de nuevo a un infractor reincidente. Su ejemplo de entrega y profesionalidad debe guiarnos a todos en estos tiempos difíciles.
Quisiéramos hacer público, por último, este pequeño comunicado de ASPARC (Associasió Professional d'Agents Rurals de Catalunya) para su difusión:

Atención: de los hechos sólo sabemos la versión del asesino, que es la que le interesa a él. Vigilemos de no hacerle de altavoz. Ya lo hacen los malos periodistas.
Los resultados preliminares de la autopsia hablan de 4 disparos: dos en la cabeza de Xavier y dos en la cabeza de David. Y no 3 como dice él.
Todos los disparos a una distancia de entre medio y un metro. No de 10 o 15 metros como dice él.
No se puede descartar que los disparos fueran a media actuación durante la revisión de la documentación, o más fácilmente, durante la comprobación de la capacidad del cargador.
Si al darle los buenos días, no hubiera descargado el arma, los Agentes Rurales no se hubieran acercado a menos de un metro.
Los cuerpos de los Agentes Rurales estaban a una distancia de entre 20 y 25 metros de un camino de uso público. Además de la falta de licencia de armas para escopeta, podía tener miedo de una denuncia por zona de seguridad.
Parece ser que sobre el 2010 la Guardia Civil lo denunció por zona de seguridad. Todavía se desconoce el lugar. El DARP le hizo pagar 300€ y le retiró la licencia de caza 2 años.
Y lo más fuerte: en 2013 los Agentes Rurales del Vallès Occidental lo denunciaron por cazar pájaros fringílidos. Pagó una sanción de 400€.
Cuando llamó al 112 dijo claramente: ”he matado a dos Agents Rurals”. En la declaración en Comisaría dijo que pensaba que eran del SEPRONA. Quizás lo dice porque el SEPRONA va armado, y dispararles es más instintivo, o como mínimo disparar al segundo.
Este caso irá por jurado popular. Ahora mismo toda España cree que le dijeron buenos días y les disparó 3 tiros a 5 metros. Que se le fue la cabeza, forma parte de su defensa. Pero posiblemente los hechos fueron muy diferentes.
Habrá que ver si el informe de balística y huellas y el resto de la investigación, aportan una visión suficientemente objetiva de los hechos.



#YoSoyAgentRural
Xavier, David, siempre presentes, descansad en paz.