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Comunicado oficial APAMCyL relativo al Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por el que se suspende cautelarmente el Decreto 10/2018 que regula las especies cinegéticas,

Habiendo tenido conocimiento del Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, por el que se suspende cautelarmente el Decreto 10/2018 que regula las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de su fauna silvestre, y por tanto la caza en Castilla y León, la Asociación-Sindicato Profesional del Agentes Medioambientales de Castilla y León APAMCYL, desea hacer públicas las siguientes consideraciones:

  • Desde nuestra organización respetamos totalmente las decisiones judiciales y, por supuesto, en concreto el Auto de la sala del TSJ de Castilla y León. En el cumplimiento de las funciones que los Agentes Medioambientales tienen legalmente encomendadas en materia de vigilancia y policía de la actividad cinegética, mientras se mantengan las medidas cautelares de suspensión de la actividad de la caza, velarán por el cumplimiento de la ley, denunciando cuantas actividades se realicen de forma contraria a la normativa y las resoluciones judiciales.
  • Sin entrar a valorar los beneficios o perjuicios de la actividad de la caza, lo que es contrastable es que llevamos muchos años en los que los políticos y la administración ambiental de esta comunidad se han plegado de forma sistemática a los intereses del sector cinegético, regulando siempre en positivo para esta actividad. Sirvan a este respecto algunos ejemplos: se han ampliado y creado nuevas modalidades de caza, modificando los periodos de veda para la ampliación de los periodos de caza, alternándose con otra infinidad de autorizaciones especiales justificadas por daños u otras causas; posibilidad de repetición de manchas de caza y cacerías conjuntas; desvirtuado de las zonas de seguridad para las personas y bienes, autorizándose la caza en las mismas marcando simplemente un casilla; al fin, se ha enfangado y entorpecido cada vez más la vigilancia y control que realizan los agentes de la autoridad, consiguiendo incluso la promulgación de protocolos que, escudados en una supuesta seguridad, tienen por objeto que los agentes “no molesten” a los cazadores, evitando de facto el control efectivo de la actividad. En definitiva, la caza es y ha sido una actividad sobreprotegida políticamente, y, de un modo u otro, a la hora de redactarse normativas y regulaciones no es extraño que los intereses cinegéticos acaben beneficiados.
  • A los Agentes Medioambientales, como Policía Medioambiental, y siendo el principal colectivo encargado de la vigilancia y control de la caza, se les ha condenado en esta Comunidad al más completo ostracismo: sirva de ejemplo que nunca se cuenta con ellos ni su opinión para cualquier modificación normativa, jamás se cuenta con ellos de cara a consejos de caza o reuniones de coordinación, no se celebran ni jornadas de formación ni se les actualiza en materia cinegética, no se les dota de protocolos policiales de actuación adecuados a los riesgos que conlleva la inspección de personas armadas, no se les dota de medio alguno de protección y seguridad (tras la arbitraria retirada de las armas cortas de dotación ya sólo les queda enfrentarse a furtivos con un bolígrafo y una libreta), etc. En resumen, los profesionales con mayor conocimiento de la fauna y problemática sobre el terreno, son ignorados y despreciados por su propia administración de dependencia, lo que pone en evidencia la necesidad de replantearse la dependencia orgánica del colectivo, quizás fuera de una Dirección General de Medio Natural o Consejería de Fomento y Medio Ambiente, confeccionada a medida del colectivo de técnicos, destinado a la gestión y ejecución de presupuestos, pero ajeno totalmente a las funciones de vigilancia, policía y custodia de los valores naturales de esta comunidad.
  • Control de la actividad cinegética por parte de los Agentes Medioambientales.

  • Sin embargo, desde APAMCYL consideramos que la situación generada no es desde ningún punto deseable, por lo que abogamos por una rápida solución y conciliación de intereses en las que se tengan en cuenta a todos los interesados, primando sobre todo el bien jurídico a proteger, que no debe ser la caza en sí como fin último, sino la correcta conservación de las especies silvestres y el equilibrio ecológico de los sistemas naturales, así como su compatibilidad sostenible con otras actividades como la
    del ejercicio de la caza.
  • La situación generada es fundamentalmente provocada por la administración de la Junta de de Castilla y León que, haciendo caso omiso de dictámenes y sentencias previas, ha demostrado una actuación “chapucera” e “incompetente” desde cualquier punto de vista. Se les requería una justificación real, mediante datos y estudios serios y veraces, sobre especies y poblaciones de las especies silvestres interesadas en la regulación, que sostuviesen y fundamentasen el Decreto ahora suspendido. La Junta de Castilla y León, ante ésto, ha utilizado datos anticuados y desfasados, y en un alarde de incompetencia en la gestión, y obviando que tiene una nutrida plantilla técnica que ya pagamos entre todos, han encargado dichos estudios a empresas privadas que sólo han tratado datos que ya obraban en la administración, o en manos de otras organizaciones, sin realizar ni un sólo censo a pie de campo, ni, por supuesto, haber obtenido dicha información de forma profesional, como por ejemplo a través de los propios Agentes Medioambientales. Una somera lectura del auto judicial pone en evidencia tal cúmulo de despropósitos.
    ¿Se podía haber previsto esta situación y haber hecho una objetiva justificación técnica y científica? La respuesta es rotundamente SÍ. Ante esta situación, lo suyo es la exigencia de responsabilidades, y exigimos la dimisión del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, y de su Director General del Medio Natural.